Inspecciones y requerimientos de Hacienda por criptomonedas

Si has operado DeFi desde múltiples billeteras, las herramientas actuales representan mal estos eventos: pools que no cuadran, LP tokens duplicados y cientos de asientos que exigen identificación manual. Nuestro informe dedica un capítulo íntegro a estos eventos, con el criterio fiscal de cada uno justificado para que el actuario lo reciba traducido.

Estas plataformas automatizan bien lo simple, pero no garantizan la trazabilidad ni la atribución fiscal-contable correcta de los eventos complejos. Auditamos lo ya calculado o presentado, detectamos los descuadres y lo convertimos en una contabilidad defendible antes de que Hacienda pregunte.

Sin CSV ni acceso a la plataforma, la mayoría de herramientas no puede reconstruir nada. Nosotros rehacemos el histórico desde blockchain, correos de confirmación, extractos bancarios y copias de seguridad, y documentamos la pérdida de acceso como parte del expediente.

LocalBitcoins, compras en efectivo u operaciones de 2013-2017 sin justificante bancario claro son el punto débil típico de un expediente. Reconstruimos el origen cruzando evidencia on-chain, comunicaciones de la época y coherencia patrimonial, con la operativa OTC y P2P tratada expresamente en el informe.

Fondos aportados o gestionados entre amigos o familiares sin contrato generan atribuciones fiscales confusas que Hacienda interpreta en tu contra. El informe atribuye las titularidades reales y documenta los flujos entre las partes para que cada uno responda solo de lo suyo.

Con derivados, perpetuos y funding, los cálculos automáticos de las herramientas colapsan o duplican eventos. Nuestro mayor expediente reconcilió 34.969 transacciones en 110 medios con cálculo FIFO global por moneda.

Acreditar el origen de monedas minadas hace más de una década es nuestra especialidad. En un caso real reconstruimos 14 ejercicios para justificar 45 BTC minados desde 2010, con desbloqueo bancario incluido.

Generalmente 10 días hábiles desde la notificación. Se puede solicitar ampliación en ciertos casos, pero lo decisivo es empezar a preparar la documentación desde el primer día.

Es la referencia interna que utiliza la AEAT en los procedimientos de información relacionados con criptoactivos. Si aparece en tu notificación, te están pidiendo información sobre tu operativa cripto —habitual en usuarios de Binance y otros exchanges conocidos—. Hay que contestar en plazo y con la trazabilidad bien montada.

Sí, es el caso más habitual: declaraciones de gestorías no especializadas con cálculos indefendibles. Rehacemos la contabilidad y documentamos la posición corregida; si pagaste de más, pedimos devolución de ingresos indebidos.

Los saldos y operaciones reportados por exchanges españoles (modelos 172/173), la información bancaria y, a partir de 2027, los datos de exchanges de toda la UE vía DAC8. Tu defensa debe cuadrar con todos esos cruces.

Reconstruimos el histórico desde blockchain, emails, extractos bancarios y copias de seguridad. La antigüedad o el cierre de plataformas no impide una defensa sólida: es nuestra especialidad.

Sí. Las gestiones ante la AEAT se realizan telemáticamente; cuando el procedimiento lo requiere, lo lleva un abogado externo habilitado en España.

El plazo general es de 18 meses desde la notificación de inicio, ampliable a 27 en supuestos tasados (art. 150 LGT). Superar el plazo tiene consecuencias favorables al contribuyente, como la no interrupción de la prescripción: también vigilamos eso.

Sí: acta con acuerdo (reducción del 65%), conformidad (30%) y un 40% adicional por pago en plazo sin recurso. Analizamos en cada caso si conviene pelear o cerrar con la máxima reducción: a veces recurrir sale más caro que acordar.

Con mucha cautela: una complementaria presentada sin estrategia, con la actuación ya iniciada, puede consolidar la sanción en lugar de evitarla. Primero se lee el alcance exacto del expediente y después se mueve ficha.

No atender un requerimiento es una infracción sancionable (art. 203 LGT) y suele derivar en comprobación o inspección con una posición mucho peor. Contestar dentro de los 10 días hábiles, con documentación completa y coherente, es la mejor defensa.

Casi siempre: la regularización voluntaria (art. 27 LGT) sustituye sanciones por recargos reducidos y desactiva la mayor parte del riesgo. Lo hemos hecho con varios ejercicios de una vez.

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